Segunda prueba parte 2 Auxiliares Administrativos/as Ayuntamiento de Zaragoza 2023

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1 - Indique el Presupuesto Base de Licitación (PBL) y el del valor estimado del contrato (VE) de conservación y mantenimiento de parques y zonas verdes, que tramita el Ayuntamiento XX:

a)		PBL: 12.100.000 €. V.E.: 24.200.000 €.
b)		PBL: 12.100.000 € V.E.: 30.000.000 €.
c)		PBL: 24.200.000 €. V.E.: 34.000.000 €.
d)		PBL: 24.200.000 €. V.E.: 36.300,000 €.

2 - Respecto del contrato anterior, califique el tipo de contrato e indique si el mismo está sujeto o no a regulación armonizada:

a)		Contrato de concesión de servicio. Contrato sujeto a regulación armonizada.
b)		Contrato de servicios. Contrato sujeto a regulación armonizada.
c)		Contrato de concesión de servicios. Contrato no sujeto a regulación armonizada.
d)		Contrato de servicios. Contrato no sujeto a regulación armonizada.

3 - Una de las empresas que se presentan a la licitación, acredita la solvencia exigida, a través de medios de otras entidades, indique si se puede admitir a la licitación:

a)		No se puede admitir, dado que es requisito fundamental que la empresa licitadora disponga por sí misma de la solvencia técnica y económico financiera exigida para ejecutar el contrato.
b)		Se podrá admitir solo en el caso de que se trate de empresas del mismo grupo.
c)		Es admisible, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.
d)		Se podrá admitir en todos los casos.

4 - Identifique a qué área de gasto de la clasificación por programas y a que capitulo de la clasificación económica recogidos en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, ha de aplicarse el gasto derivado del contrato de conservación y mantenimiento de parques y zonas verdes:

a)		Área de Gasto 1 Capítulo 2.
b)		Área de Gasto 2 Capítulo 2.
c)		Área de Gasto 9 Capítulo 6.
d)		Área de Gasto 2 Capítulo 6.

5 - La prórroga del contrato prevista en el Pliego de condiciones, y acordada por el órgano de contratación, ¿es obligatoria para el contratista?

a)		La prórroga se produce por mutuo acuerdo expreso de las partes, no siendo obligatoria para el contratista.
b)		No será obligatoria para el contratista en el caso de que la Administración se haya demorado en el abono del precio del contrato más de tres meses.
c)		Será obligatoria siempre que exista preaviso con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato y la Administración no se haya demorado en el pago más de seis meses.
d)		Será obligatoria para el contratista siempre que existe preaviso mínimo de un mes de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato y la Administración no se haya demorado en el pago más de tres meses.

6 - El Sr. Pérez, a quien el Ayuntamiento XX le ha girado liquidación por el importe total del IBI correspondiente a la vivienda, solicita al Ayuntamiento XX la emisión de dos recibos, uno para cada uno de los copropietarios. ¿Tendría derecho a ello?

a)		El Ayuntamiento XX está obligado a liquidar la totalidad del IBI de la vivienda a cualquiera de los dos copropietarios, dado que la vivienda es indivisa.
b)		El Ayuntamiento XX no está obligado en ningún caso a dividir la liquidación, entre los dos copropietarios, pudiendo liquidar la totalidad del IBI de la vivienda indistintamente a cualquiera de los dos.
c)		El Sr. Pérez puede solicitar la división de la liquidación siempre que facilite a la Administración los datos personales y domicilio del otro obligado al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio de la vivienda.
d)		El Sr. Pérez no tiene derecho a solicitar la división de la liquidación del IBI.

7 - ¿Quién es sujeto pasivo obligado al pago del IBI cuando coexisten en un mismo inmueble el derecho de propiedad con un derecho real de usufructo de la vivienda?

a)		El hecho imponible del IBI se realiza por el derecho de propiedad, no gravándose el derecho de usufructo, por lo que el sujeto pasivo obligado al pago será el propietario.
b)		El hecho imponible del IBI se realiza por el derecho real de usufructo, no gravándose el derecho de propiedad, por lo que el sujeto pasivo obligado al pago será solo el usufructuario.
c)		Tanto el propietario como el usufructuario son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes del IBI, debiendo satisfacer cada uno de ellos la cuota correspondiente a su derecho.
d)		Tanto el propietario como el usufructuario son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes del IBI, si bien el Ayuntamiento XX está legitimado para reclamar el pago del IBI indistintamente a cualquiera de ellos, propietario o usufructuario.

8 - A efectos del IBI en caso de coexistencia de derechos sobre un inmueble. ¿Qué orden de prelación establece el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales?

a)		Propietario, usufructuario, concesionario y superficiario.
b)		Concesionario, propietario, usufructuario y superficiario.
c)		Propietario, superficiario, concesionario y usufructuario.
d)		Concesionario, superficiario, usufructuario y propietario.

9 - Iberdrola impugna en vía administrativa la liquidación de la tasa girada, amparada en el artículo 24.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. ¿Qué tipo de recurso o reclamación podría interponer, considerando que el municipio en el que se liquida la tasa es de gran población?

a)		Puede optar entre recurso de reposición o reclamación económico administrativa ante el órgano especializado al que se refiere el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en ambos casos potestativos.
b)		Recurso de reposición preceptivo y/o reclamación económico administrativa potestativa ante el órgano especializado al que se refiere el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
c)		Recurso de reposición potestativo y/o reclamación económico administrativa preceptiva ante el órgano especializado al que se refiere el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
d)		Deberá optar necesariamente y de forma excluyente entre interponer recurso de reposición ante el órgano que dicto el acto impugnado o bien reclamación económico administrativa ante el órgano especializado al que se refiere el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

10 - Indique como se habrá fijado el importe de la tasa a satisfacer por Iberdrola, considerando que la citada empresa es explotadora de servicios de suministros que afectan a una parte importante del vecindario municipal:

a)		El 5 por ciento del valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento del suelo, subsuelo o vuelo de los bienes de dominio público ocupados.
b)		El 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtenga anualmente en el término municipal la referida empresa.
c)		El 1,5 por ciento del valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales por las que atraviesa el tendido de las redes de transporte de energía.
d)		El 3 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtenga anualmente la empresa Iberdrola en el término municipal.

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1 - Dado que el procedimiento administrativo que se desea iniciar, previsiblemente tendrá "interesados", D. ª María García le plantea, “si cuando la relevancia de un documento en el procedimiento administrativo lo exija, ¿podrá y de que forma el Ayuntamiento X solicitar el cotejo de las copias aportadas por el interesado?”.

a)		Sí podrá, con carácter ordinario, pudiendo requerir al interesado la exhibición del documento original.
b)		Si podrá, excepcionalmente y de manera motivada, pudiendo requerir al interesado la exhibición del documento original.
c)		Sí podrá, preceptivamente y de forma motivada, debiendo requerir al interesado la exhibición del documento original.
d)		Sí podrá, con carácter general, debiendo requerir al interesado la exhibición del documento original.

2 - La Sra. García plantea y pregunta ¿cuándo se suspenderá el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución?. La citada señora le plantea cuatro posibles respuestas y Vd. deberá contestarle e indicar la correcta o más correcta:

a)		Cuando se inicien negociaciones para concluir un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 85 de la Ley Procedimental.
b)		Cuando deban realizarse cualquier tipo de prueba, durante el plazo de 30 días hábiles, conforme a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
c)		Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano judicial y así le sea requerido por el interesado conforme a lo dispuesto en el artículo 23.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
d)		Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado.

3 - La Sra. García le pregunta, “¿es obligatoria, la comparecencia de cualquier persona ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos?”. Señale la respuesta correcta o más correcta de entre las planteadas a continuación y que le transmitirá a la Sra. García.

a)		Sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.
b)		En ningún caso es obligatoria.
c)		Sólo será obligatoria cuando previamente se le haya requerido y notificado conforme a lo dispuesto en los artículos 42 o 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
d)		Sólo será obligatoria en los procedimientos sancionadores y en los de responsabilidad patrimonial en los términos previstos, respectivamente en los artículos 89 y 92 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4 - D. ª María plantea que “si cuando haya iniciado el procedimiento y tenga la condición de interesada en el mismo, al conocer datos que permiten identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él, tiene algún deber de comunicar y proporcionárselos a la Administración municipal”. A la vista de la cuestión que le plantea, informe y señale la respuesta correcta o más correcta:

a)		No.
b)		Sí.
c)		Exclusivamente cuando le afecte a su derecho o interés legítimo conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
d)		No, salvo que se trate de procedimientos de naturaleza sancionadora conforme así lo dispone expresamente el artículo 65 de la Ley Procedimental.

5 - La Sra. García le pasa a relacionar una serie de destinatarios y lugares (los que a continuación se desarrollan en las 4 opciones), y le pregunta “¿en cuál de ellos no podrá presentar un documento dirigido al Ayuntamiento X?”.

a)		En las oficinas de Correos.
b)		En las oficinas de asistencia en materia de registros.
c)		En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares existentes en el territorio español.
d)		En el registro electrónico del Ayuntamiento de Barcelona.

6 - La Sra. García manifiesta estar preocupada y expresa su intranquilidad al desconocer que pasará y en concreto “si le afectará a la posibilidad de interponer por ella como interesada, los recursos procedentes que estime oportuno, si el Ayuntamiento X acuerda un periodo de información pública en el procedimiento que se vaya a tramitar, y en el mismo no comparece nadie”. Señale la respuesta correcta o más correcta y que será la contestación que Vd. dará a la vecina:

a)		La incomparecencia en el trámite de información pública no impedirá a la Sra. García como interesada en el procedimiento interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.
b)		La incomparecencia en el trámite de información pública impedirá a la Sra. García como interesada en el procedimiento interponer los recursos procedentes contra los actos administrativos que se dicten en el procedimiento, salvo que presente las garantías oportunas en los términos previstos en el artículo 108 de la Ley Procedimental.
c)		La incomparecencia en el trámite de información pública no impedirá a la Sra. García como interesada en el procedimiento interponer los recursos que estime procedentes contra los actos administrativos que se dicten en el procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
d)		La incomparecencia en el trámite de información pública impedirá a la Sra. García como interesada en el procedimiento interponer los recursos procedentes contra los actos administrativos que se dicten en el procedimiento, hasta tanto en cuanto el Ayuntamiento X dicte un acto de trámite finalizador de la información pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

7 - D.ª María plantea si, una vez iniciado el procedimiento administrativo, “¿podrá desistir de su solicitud?”, y además plantea si en un procedimiento iniciado de oficio, “¿puede desistir la Administración Pública?”. Para una adecuada contestación a la cuestión que le formula a D.ª María, Vd. proceda a señalarle si puede o no desistir y qué límites o circunstancias podrá encontrar la citada señora, así como si puede desistir una Administración Pública en un procedimiento iniciado de oficio. Señale la respuesta correcta o más correcta que Vd. le transmitirá a D.ª María:

a)		D.ª María no podrá desistir como interesada de su solicitud, salvo que así lo prevea la normativa sectorial de aplicación al procedimiento incoado por el Ayuntamiento X. En relación al desistimiento por ta Administración Pública en los procedimientos iniciados de oficio, se informará que es posible desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos exigidos por las Leyes, conforme a lo dispuesto en el artículo 94.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
b)		D.ª María podrá desistir como interesada de su solicitud cuando ello esté permitido por el ordenamiento jurídico, podrá hacerlo por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore la firma correspondiente y se formule ante el instructor del procedimiento, la Administración municipal deberá aceptarla de plano y no podrá en ningún caso proseguir el procedimiento. En relación al desistimiento por la Administración Pública en los procedimientos iniciados de oficio, se informará que no es posible desistir conforme a lo dispuesto en el artículo 93.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
c)		D.ª María podrá desistir como interesada de su solicitud cuando ello esté permitido por el ordenamiento jurídico, deberá hacerlo mediante "apud acta" ante el instructor del procedimiento, siempre que incorpore la firma correspondiente, la Administración municipal aceptará de plano el desistimiento, pero si en el procedimiento el Ayuntamiento X apreciase la existencia de un interés general deberá limitar los efectos del desistimiento exclusivamente en los derechos e intereses que no incidan sobre la Sra. García. En relación al desistimiento por la Administración Pública en los procedimientos iniciados de oficio, se informará que es posible desistir de forma motivada y exclusivamente en los supuestos previstos en el artículo 93 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
d)		D.ª María podrá desistir como interesada de su solicitud y podrá hacerlo por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore la firma correspondiente, la Administración municipal aceptará de plano el desistimiento, pero si en el procedimiento el Ayuntamiento X apreciase la existencia de un interés general podrá limitar los efectos del desistimiento y seguirá el procedimiento. En relación al desistimiento por la Administración Pública en los procedimientos iniciados de oficio, se informará que es posible desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos exigidos por las Leyes, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

8 - La Sra. García expone que quiere saber si una vez dictada resolución finalizadora del procedimiento administrativo, “si procediese ejecutar el acto mediante la "ejecución subsidiaria", quién y cómo se exigiría el importe de los gastos, daños y perjuicios que puedan producirse”. Señale la respuesta correcta o más correcta que le transmitirá a la Sra. García:

a)		El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá a la Sra. García en los términos previstos en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y dicho importe deberá ser de forma definitiva.
b)		El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá a la Sra. García conforme a lo dispuesto en la normativa de aplicación y dicho importe podrá liquidarse de forma provisional, después de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva y podrá solicitar al Ayuntamiento que dicte multas coercitivas.
c)		El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá por apremio sobre el patrimonio en los términos previstos en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.
d)		El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá por el Ayuntamiento X conforme a lo dispuesto en el artículo 15.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, en cuyo caso será de aplicación un descuento del 5 por ciento, y siempre a reserva de la liquidación definitiva.

9 - La Sra. García plantea que, dado que el procedimiento será resuelto por el alcalde del Ayuntamiento X, “¿qué recursos administrativos podrá formular, si no está de acuerdo con la resolución?”, y además demanda conocer que, dado que el procedimiento a seguir requerirá practicar prueba a través de alguno de los medios previstos en el artículo 77 LPAC, si “¿el procedimiento podrá tramitarse de forma simplificada?”. Señale la respuesta correcta o más correcta de entre las planteadas a continuación y que le transmitirá a la Sra. García:

a)		La resolución del alcalde no pone fin a la vía administrativa y en consecuencia podrá interponer con carácter previo y potestativo un recurso de alzada. En relación a la tramitación simplificada del procedimiento: Podrá tramitarse según lo previsto en el artículo 96.7 LPAC al plantear la realización de un trámite (prueba) no previsto en el apartado 6 del citado artículo 96 LPAC.
b)		La resolución del alcalde pone fin a la vía administrativa y en consecuencia podrá interponer con carácter previo y potestativo un recurso de reposición. En relación a la tramitación simplificada del procedimiento: No podrá tramitarse según lo previsto en el artículo 96.7 LPAC al plantear la realización de un trámite (prueba) no previsto en el apartado 6 del citado artículo 96 LPAC.
c)		La resolución del alcalde no pone fin a la vía administrativa y en consecuencia deberá interponer con carácter previo un recurso de alzada. En relación a la tramitación simplificada del procedimiento: Podrá tramitarse según lo previsto en el artículo 96.8 LPAC al plantear la realización de un trámite (prueba) no previsto en el apartado 5 del citado artículo 96 LPAC.
d)		La resolución del alcalde pone fin a la vía administrativa y en consecuencia deberá interponer con carácter previo un recurso de revisión. En relación a la tramitación simplificada del procedimiento: No podrá tramitarse según lo previsto en el artículo 96.6 LPAC al plantear la realización de un trámite (prueba) previsto en el apartado 4 del citado artículo 96 LPAC.

10 - Finalmente, la Sra. García pregunta “¿Es posible contra los actos firmes en vía administrativa interponer algún recurso administrativo?” y “¿qué pasa si transcurren seis meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión y no se ha dictado y notificado la resolución del mismo?”. Señale la respuesta correcta o más correcta de entre las planteadas a continuación y que le transmitirá a la Sra. García:

a)		No cabe recurso alguno. En relación a la segunda cuestión planteada por la Sra. García, no pasa nada pues no es posible, como se ha dicho formular recurso extraordinario de revisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
b)		Es posible formular un recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en concreto si alega "que al dictarlo se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente" el plazo será de 3 meses. En el caso planteado por la Sra. García se entenderá, a partir del transcurso de 3 meses estimado, conforme a lo dispuesto en el artículo 126.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
c)		Es posible formular un recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en concreto si alega "que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida" el plazo será de 3 años. En el caso planteado por la Sra. García se entenderá, a partir del transcurso de 3 meses desestimado, pudiendo formularse, si asi lo estima conveniente, recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 125.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
d)		Es posible formular un recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en concreto si alega "que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución" el plazo será de 3 meses. En el caso planteado por la Sra. García se entenderá, a partir del transcurso de 3 meses desestimado, pudiendo formularse, si así lo estima conveniente, recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 126.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Preguntas acertadas:
Preguntas falladas:
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Primera prueba parte 5 Auxiliares Administrativos/as Ayuntamiento de Zaragoza 2023

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1 - En relación a los medios con que han de contar los servicios de prevención propios, el R.D 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, exige:

a)		Contar, como mínimo, con tres de las especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 del Reglamento, desarrolladas por expertos con la capacitación requerida para las funciones a desempeñar, según lo establecido en el capítulo IV.
b)		Contar, como mínimo, con dos de las especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 del Reglamento, desarrolladas por expertos con la capacitación requerida para las funciones a desempeñar, según lo establecido en el capítulo VI.
c)		Contar, como mínimo, con cuatro de las especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 del Reglamento, desarrolladas por expertos con la capacitación requerida para las funciones a desempeñar, según lo establecido en el capítulo IV.

2 - La elección entre las distintas formas de gestión directa de servicios públicos locales establecidas en el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

a)		Es de libre elección para cada entidad local, sin que unas formas de gestión tengan preferencia sobre otras.
b)		Las formas de gestión directa por la propia Administración o mediante organismo autónomo local son de elección preferente.
c)		Las formas de gestión directa mediante Entidad pública empresarial o sociedad mercantil de capital público local, son de elección preferente.

3 - En relación a la permuta de bienes de cosa futura, indique la respuesta correcta, conforme al Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón:

a)		Podrá convenirse la cesión de una determinada edificabilidad a cambio de la adjudicación de una construcción futura.
b)		El contrato de permuta se entenderá perfeccionado, aunque no llegue a ser realidad el bien objeto del mismo, sin perjuicio de la aplicación de las cláusulas resolutorias y penales pactadas para tal caso.
c)		Deberá someterse a información pública por un plazo de 10 días.

4 - Conforme al artículo 101 de la Ley 9/2017 de Gontratos del Sector Público, el valor estimado de los contratos de concesión de servicios, será determinado como sigue:

a)		Se tomará el importe bruto total de la cifra de negocios, incluido el lmpuesto sobre el Valor Añadido, que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por los servicios objeto del contrato.
b)		Se tomará el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el lmpuesto sobre el Valor Añadido, que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por los servicios objeto del contrato, así como de los suministros relacionados con estos servicios.
c)		Se tomará el importe bruto de la cifra de negocios, que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por los servicios objeto del contrato, sin incluir gastos generales, beneficio industrial y el lmpuesto sobre el Valor Añadido.

5 - Indique la respuesta correcta, respecto a las uniones temporales de empresas, previstas en el artículo 69 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público:

a)		Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, quedará excluida del procedimiento.
b)		Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal impedirán la continuación de esta en el procedimiento de adjudicación.
c)		Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, siendo para ello necesaria la formalización de las mismas en escritura pública en el momento de presentarse a la licitación.

6 - Lndique la respuesta correcta, en relación a la elección de los sistemas de gestión urbanística, según el Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón:

a)		La Administración establecerá el sistema de gestión urbanística que considere más adecuado a las características de la actuación y los intereses públicos, al aprobar el planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada o en su caso con la delimitación de la unidad de ejecución.
b)		Al aprobar el planeamiento general de ordenación urbana, la Administración establecerá el sistema de gestión urbanistica que considere mas adecuado al interés general.
c)		Al aprobar el planeamiento general de ordenación urbana, la Administración establecerá el sistema de gestión urbanística, dando preferencia a los sistemas de gestión directa.

7 - El Plan General de Ordenación Urbana, al establecer la estructura general del término municipal, incluirá entre otras, la siguiente determinación, conforme al artículo 40 del Decreto- Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón:

a)		Los sistemas generales y dotaciones locales de la totalidad del término municipal.
b)		Edificabilidad máxima para la totalidad del suelo.
c)		Clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo adoptadas de conformidad con lo establecido en la Ley.

8 - La aplicación presupuestaria cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario vendrá definida, al menos, según el Real Decreto Legislativo2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

a)		Por la conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y económica, a nivel de Área de gasto, grupo de programa y concepto o subconcepto respectivamente.
b)		Por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, a nivel de política de gasto, o programa y capítulo y concepto respectivamente.
c)		Por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupo de programa o programa y concepto o subconcepto respectivamente.

9 - No se consideran sujetos a regulación armonizada, cualquiera que sea su valor estimado, según el artículo 19 dé la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, tos contratos siguientes:

a)		Los que tengan por objeto servicios de transporte en ambulancia de pacientes.
b)		Los contratos de concesión adjudicados para la explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio al público en relación con la producción, el transporte o la distribución de agua potable.
c)		Los contratos de concesión que tengan por objeto la adjudicación del transporte y gestión de residuos urbanos.

10 - Para la financiación de sus inversiones, las entidades locales podrán acudir al crédito público y privado, a largo plazo pudiendo ser garantizado el pago de las obligaciones derivadas, en la siguiente forma:

a)		Con la afectación de ingresos procedentes de impuestos, contribuciones especiales, tasas y precios públicos, y exista una relación directa entre dichos recursos y el gasto a financiar con la operación de crédito.
b)		Con la afectación de ingresos procedentes de impuestos, contribuciones especiales, tasas y precios públicos, y subvenciones corrientes y de capital, siempre que exista una relación directa entre dichos recursos y el gasto a financiar con la operación de crédito.
c)		Con la afectación de ingresos procedentes, contribuciones especiales, tasas y precios públicos, siempre que exista una relación directa entre dichos recursos y el gasto a financiar con la operación de crédito.

11 - (Reserva) Son actuaciones urbanísticas integradas, según el artículo 118 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón:

a)		Aquellas que se ejecutan a consecuencia del desarrollo asistemático del planeamiento. Requiere la delimitación de una unidad de ejecución o la normalización de las fincas y afecta a áreas de suelo clasificado por el planeamiento como urbano consolidado y no consolidado o suelo urbanizable delimitado y no delimitado.
b)		Aquellas que se ejecutan a consecuencia del desarrollo sistemático del planeamiento. Su ámbito de ejecución requiere la delimitación de una unidad de ejecución y afecta a áreas de desarrollo de suelo ciasificado por el planeamiento como urbano no consolidado o suelo urbanizable delimitado.
c)		Aquellas que se ejecutan a consecuencia del desarrollo sistemático del planeamiento. Requieren la previa delimitación de sectores o unidades de ejecución sobre las que se va a actuar, pudiendo afectar al suelo urbano, urbanizable delimitado y no delimitado y al suelo no urbanizable genérico.

12 - (Reserva) Indique la respuesta correcta, relativa a la potestad de recuperación de oficio posesoria, prevista en el art 62 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.

a)		Las Entidades locales aragonesas podrán recuperar por sí mismas la posesión de sus bienes de dominio público y patrimoniales en cualquier momento.
b)		Contra las actuaciones de las Entidades locales en el ejercicio de la recuperación posesoria, se admitirán demandas que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o posesión en todo caso.
c)		En el caso de que las actuaciones de la Entidad local en el ejercicio de la recuperación posesoria constituyan vía de hecho, serán susceptibles de recurso en los términos previstos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

13 - (Reserva) En el sistema de gestión urbanística, en la modalidad de gestión indirecta por compensación, conforme establece el Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón:

a)		Los propietarios se constituyen en Junta de compensación, aportan los terrenos y el urbanizador gestiona la ejecución del planeamiento, obteniendo su retribución de los propietarios afectados por la actuación conforme a lo establecido en el programa de urbanización.
b)		Los propietarios se constituyen en Junta de compensación, aportan los terrenos de cesión obligatoria mediante reparcelación y ejecutan a su costa la obra pública de urbanización en los términos y condiciones que se determinen en el planeamiento.
c)		Los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y la Administración ejecuta las obras de urbanización, a cargo de los propietarios afectados por la actuación, en los términos que figure en el planeamiento y proyecto de urbanización.

14 - (Reserva) Los contratos administrativos de adquisición de programas de ordenador, se consideran:

a)		Contratos de suministro en todos los casos.
b)		Contratos de servicios si no se desarrollan a medida.
c)		Contratos de servicios si se desarrollan a medida y contratos de suministro en los demás casos.

15 - (Reserva) Los terrenos destinados por el planeamiento al establecimiento de sistemas generales, se obtendrán según el Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refündido de la Ley de Urbanismo de Aragón:

a)		En suelo urbano consolidado, mediante expropiación u ocupación directa.
b)		Fuera del suelo urbano consolidado, mediante cesión obligatoria derivada de su inclusión o adscripción a una unidad de ejecución, cuando ello sea posible.
c)		Las dos respuestas anteriores son correctas.

Preguntas acertadas:
Preguntas falladas:
Preguntas no contestadas:
NOTA: